Ley de Empresas Emergentes y economía social: nuevo marco para el emprendimiento con impacto

El emprendimiento con vocación transformadora vive en España un momento particularmente favorable. La Ley 28/2022 de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (comúnmente llamada “Ley de Startups”) ha modernizado el marco fiscal y laboral para proyectos innovadores, y la Ley 5/2011 de Economía Social se está renovando para reforzar el reconocimiento de las empresas con impacto social. Emprender con propósito ha dejado de ser una excentricidad para convertirse en una opción con instrumentos legales y financieros propios.

Repasamos las novedades más relevantes para promotores que quieran acogerse a estos marcos, temáticas que abordamos habitualmente desde nuestros proyectos sociales.

1. Ley de Empresas Emergentes: qué aporta

La ley define como “empresa emergente” a compañías de menos de cinco años (siete en sectores estratégicos), con menos de cinco millones de facturación, con carácter innovador y con al menos un 60% del empleo en España. Las startups certificadas por ENISA acceden a un conjunto de ventajas: tipo del 15% en Impuesto de Sociedades los cuatro primeros años, aplazamientos fiscales, agilización del alta como emprendedor no residente, mejora del tratamiento fiscal de stock options y facilidades para el visado de nómadas digitales.

2. Certificación como empresa emergente

Para acogerse a los beneficios, la empresa debe estar certificada por ENISA como innovadora. El proceso valora aspectos como la actividad de I+D, la protección de propiedad intelectual, el equipo emprendedor, el modelo de negocio escalable y la orientación al mercado. Preparar la memoria de solicitud adecuadamente es clave: hemos visto solicitudes técnicamente sólidas rechazadas por presentación pobre del componente innovador.

3. Economía social: universo diverso, marco común

La economía social agrupa cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, fundaciones, asociaciones con actividad económica, empresas de inserción y centros especiales de empleo. Todas comparten una característica: primacía de las personas y del fin social sobre el capital. En España este sector agrupa más de 43.000 empresas y representa alrededor del 10% del PIB, según datos de CEPES, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social.

4. Fórmulas jurídicas y cuándo elegir cada una

• Cooperativa: participación democrática (una persona, un voto), regímenes fiscales especiales. Ideal para proyectos con vocación de propiedad compartida.
• Sociedad laboral: SL o SA cuyo capital pertenece mayoritariamente a las personas trabajadoras. Buena vía para consolidar equipos existentes.
• Empresa de inserción: dedicada a la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión.
• Centro especial de empleo: empresa cuyo objeto principal es proporcionar empleo a personas con discapacidad.
• SL con impacto (B Corp): SL convencional con certificación de propósito e impacto. Compatibiliza forma clásica y compromiso medible.

5. Financiación específica

La financiación para emprendimiento con impacto ha crecido notablemente. A las líneas tradicionales de ENISA y del ICO se suman fondos específicos de inversión de impacto (impact investing), programas europeos como EaSI, líneas de MicroBank y convocatorias específicas de administraciones autonómicas. En Canarias, el Gobierno regional mantiene líneas para economía social y para empresas de inserción.

6. Cómo elegir la fórmula jurídica adecuada

La decisión sobre la fórmula jurídica idónea depende de cinco factores. Primero, el propósito: si el proyecto se define por su impacto social, formas como empresa de inserción, centro especial de empleo o cooperativa de iniciativa social suelen encajar mejor. Segundo, la estructura de propiedad: si se busca preservar la propiedad colectiva o la participación democrática, la cooperativa o la sociedad laboral son opciones naturales. Tercero, el acceso a financiación: las SL y las empresas emergentes certificadas por ENISA tienen recorrido con inversores privados; las cooperativas y empresas de inserción cuentan con financiación específica de la economía social. Cuarto, el tratamiento fiscal previsto: cada fórmula tiene su régimen (cooperativas fiscalmente protegidas, empresas emergentes con tipo del 15%, entidades sin ánimo de lucro con exenciones específicas). Quinto, la flexibilidad para evolucionar: algunas fórmulas son más difíciles de transformar posteriormente si el proyecto cambia. En muchos casos, hemos acompañado proyectos que empiezan como asociación o cooperativa y que, al alcanzar cierto tamaño, incorporan una empresa vehículo con forma de SL para la actividad económica principal, manteniendo la entidad matriz para el gobierno y la orientación estratégica. Diseñar bien esta arquitectura desde el inicio ahorra mucho trabajo posterior y evita rigideces innecesarias.

Emprender con impacto ya no exige renunciar a viabilidad: exige diseñar bien la estructura para que ambas cosas se refuercen mutuamente.

Si estás valorando emprender un proyecto con impacto social y quieres explorar el marco jurídico más adecuado, contacta con nosotros.